Los delitos prescriben en España a los 20 años
Esta medida se adopta tanto si existen razones válidas para considerar que el acusado ha cometido el delito, que debe estar castigado con una pena privativa de libertad superior a 9 años, como si el Juez lo considera necesario, atendidos los antecedentes del acusado u otras circunstancias relevantes del caso.
En caso de que el acusado no disponga de la cantidad de dinero exigida por el tribunal como fianza, puede conseguir que alguien pague la fianza por él. Si no puede hacerlo, puede obtener una fianza de un particular o de una empresa de fianzas por el importe requerido.
Los presos pueden ser puestos en libertad bajo fianza cuando el delito esté castigado con una pena superior a 3 años de prisión y la prisión provisional no sea aplicable al caso. Cuando la pena no exceda de 3 años, podrá acordarse la libertad condicional del acusado sin fianza.
No obstante, el tribunal podrá acordar la libertad condicional del acusado en función de la naturaleza (gravedad) del delito, de los antecedentes enjuiciados o de aquellas circunstancias que pudieran evitar el enjuiciamiento del acusado.
Cómo saber si tengo una orden de detención en España
En general, la ejecución civil y mercantil implica que, cuando una resolución ejecutiva (como una sentencia firme) no es cumplida voluntariamente por el infractor, el demandante debe solicitar la ejecución judicial para garantizar el cumplimiento de la resolución. Por ejemplo, para recuperar una deuda que el demandado ha sido condenado a pagar pero no lo hace, el demandante (acreedor) solicita la ejecución judicial y obtiene el cobro mediante el embargo de las cuentas corrientes del deudor o de los bienes inmuebles del deudor que, una vez subastados, permiten que el producto de la subasta pague la cantidad adeudada al acreedor.
La ejecución forzosa responde al mandato de la Constitución Española de 1978, que encomienda a los jueces y tribunales tanto la función de dictar sentencias como la de ejecutarlas (artículos 117 y 118 de la Constitución). Por tanto, las partes implicadas en el proceso tienen la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones judiciales, así como de prestar la colaboración necesaria para hacer cumplir lo decidido. Corresponde al juez velar por el adecuado cumplimiento de estos requisitos.
Suspensión de condena en España
ExpresiónEn los dos últimos meses, varios casos judiciales en España han suscitado preocupación por la erosión del derecho a la libertad de expresión, en particular a través del arte y las comunicaciones en línea.
A finales de febrero, el rapero español Josep Miquel Arenas Beltrán (también conocido por su nombre artístico Valtonyc) fue condenado a tres años y medio de cárcel por las letras de sus canciones, algunas de las cuales eran muy críticas con la política exterior española, la corrupción y la familia real española. El Tribunal Supremo español confirmó la condena de Arenas por lo que calificó de enaltecimiento del terrorismo, injurias, calumnias contra la Corona y amenazas. Tras conocerse la sentencia, Valtonyc anunció que recurriría la condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, añadiendo que “no espera nada” de la justicia española.
El caso de Valtonyc es un ejemplo de una tendencia de los últimos meses y de los últimos años en los que se ha producido una censura cada vez mayor del espacio público en España, con artistas, músicos y usuarios de las redes sociales en primera línea de la batalla para proteger la libertad de expresión. En otro ejemplo reciente de estas tendencias, a principios de febrero de 2018 un joven de la ciudad de Jaén, en el centro-sur de España, fue multado con 480 euros cuando un tribunal dictaminó que había infringido la ley después de publicar un montaje fotográfico en Instagram en el que sustituía el rostro de Jesús por el suyo propio. El fiscal del caso alegó que las acciones del joven de 24 años constituían “una manipulación vergonzosa e inapropiada del rostro de una imagen religiosa”. El tribunal le impuso una multa menor, a pesar de que el fiscal había solicitado una multa de más de 2.000 euros o 180 días de cárcel por impago.
Fianza en España
Es frecuente en España que un no residente que ha sido detenido en España y puesto en libertad provisional no acuda a la cita con el juez. Normalmente esto se debe a problemas relacionados con la comunicación de las fechas judiciales a los acusados que viven en el extranjero, dificultades para viajar a España para comparecer en el procedimiento judicial, etc.
En esos casos, el no residente a menudo no sabe qué hacer a su regreso a España. Además, siempre existe el temor de que, en caso de regresar, ¿cuáles serían las consecuencias de no haber comparecido en España? En una situación como esta siempre es muy útil contactar con un abogado experto en derecho penal que pueda hacerse cargo de la situación.
Básicamente, cuando un no residente falta a una cita con el juzgado se pueden dar dos situaciones: o bien que el juzgado haya dictado una orden de detención contra el no residente para encarcelarle hasta la celebración del juicio o bien -si sólo estaba acusado de un delito menor- que el juicio se haya celebrado en su ausencia, siendo condenado el no residente sin haber participado en el juicio.