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Los estadounidenses pagan precios mucho más altos por los medicamentos de marca que los habitantes de otros países industrializados. La mayoría de los estadounidenses (79%) considera que los precios de los medicamentos recetados no son razonables, y casi 3 de cada 10 afirman que prescinden de los medicamentos recetados debido a su coste. El 70% de los estadounidenses afirma que la reducción del coste de los medicamentos es su principal prioridad sanitaria, por lo que el Congreso y la Administración Biden están estudiando cómo reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos.
El hecho de que el gobierno federal reduzca directamente los precios de los medicamentos -ya sea negociando con los fabricantes o fijando los precios unilateralmente- ahorraría dinero a gobiernos, empleadores y consumidores, pero constituye una importante iniciativa política que se aleja de la dependencia de las fuerzas del mercado. Debido a los elevados precios estadounidenses, se calcula que las compañías farmacéuticas generan en Estados Unidos las tres cuartas partes de los beneficios mundiales de las empresas farmacéuticas. Esto significa no sólo que los consumidores estadounidenses pagan mucho, sino también que reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos disminuiría los ingresos de los fabricantes y el rendimiento de las inversiones, lo que probablemente recortaría la financiación para el desarrollo de nuevos medicamentos, con la consiguiente ralentización de la innovación.
Resumen de la Ley de Reducción de la Inflación
Para entender el programa de precios de medicamentos 340B (programa 340B), hay que empezar en 1990, cuando el Congreso creó el programa de reembolso de medicamentos de Medicaid (MDRP) para reducir el coste de los productos farmacéuticos reembolsados por las agencias estatales de Medicaid. El MDRP exige que las empresas farmacéuticas firmen un acuerdo de reembolso con el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) como condición previa para la cobertura de sus medicamentos por Medicaid y Medicare Parte B. En virtud del programa, un fabricante debe pagar reembolsos a los programas estatales de Medicaid por “medicamentos cubiertos para pacientes ambulatorios”, tal como se definen en la ley de reembolso de Medicaid. El importe del reembolso por un medicamento de marca cubierto para pacientes ambulatorios se basa en parte en el “mejor precio” del fabricante para ese medicamento.
En 1992, el Congreso amplió a los proveedores de la red de seguridad el mismo tipo de alivio de los elevados costes de los medicamentos que el Congreso proporcionó al programa Medicaid con la ley de reembolso de Medicaid. El Congreso promulgó la Sección 340B de la Ley de Servicios de Salud Pública, creada en virtud de la Sección 602 de la Ley de Asistencia Sanitaria a Veteranos de 1992. El artículo 340B obliga a los fabricantes de productos farmacéuticos a firmar un acuerdo, denominado acuerdo de precios farmacéuticos (PPA, por sus siglas en inglés), con el Secretario del HHS a cambio de que sus medicamentos estén cubiertos por Medicaid y Medicare Parte B. En virtud del PPA, el fabricante se compromete a ofrecer descuentos iniciales en medicamentos ambulatorios cubiertos adquiridos por proveedores específicos, denominados “entidades cubiertas”, que atienden a las poblaciones de pacientes más vulnerables del país. Según el texto del informe del Congreso, el propósito del programa 340B es permitir a las entidades cubiertas “estirar al máximo los escasos recursos federales, llegando a más pacientes elegibles y prestando servicios más completos”.
Ley de reducción de la inflación de 2022
La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) publicó el 30 de octubre de 2015 un comunicado en el que avisa a los hospitales de que no les sancionará administrativamente si descuentan o renuncian a cobrar los medicamentos autoadministrados a un paciente ambulatorio. Así, los hospitales tienen ahora la opción, y un mayor incentivo, de no cobrar a los pacientes externos por estos medicamentos. Aunque la declaración de la OIG es un paso en la dirección correcta, debería hacerse más para garantizar mejor que los beneficiarios de Medicare no estén sujetos a onerosos desembolsos cuando necesiten medicamentos autoadministrados no relacionados con su tratamiento ambulatorio.
Muchos pacientes que reciben atención en un hospital se denominan “pacientes externos” en estado de observación, en lugar de pacientes ingresados[1]. Esta distinción de estado es importante cuando un paciente necesita recetas autoadministradas, que los CMS definen como recetas “que normalmente tomaría por su cuenta” y que son independientes del tratamiento ambulatorio del hospital[2]. El estado de paciente ingresado, pagadero en virtud de la Parte A de Medicare, cubre toda la atención y los servicios recibidos en el hospital, incluidos todos los medicamentos recetados; el estado de paciente externo, pagadero en virtud de la Parte B, no[3].
Gasto farmacéutico de la Parte D de Medicare
Las sentencias por delitos de drogas se establecen principalmente en las Directrices del Consejo de Sentencias para Delitos de Drogas. El Tribunal decide la gravedad del delito y el punto de partida de la condena. A partir de ese punto de partida, la condena puede aumentar si hay circunstancias que agravan el delito (factores agravantes) o disminuir si hay circunstancias que lo atenúan (factores atenuantes), dentro de una horquilla inferior y superior. También puede obtener una reducción de la pena si se declara culpable: la cuantía de la reducción dependerá de lo pronto que se declare culpable.
No existe el derecho legal a una rebaja por declararse culpable antes de tiempo. El artículo 144 de la Ley de Justicia Penal de 2003 establece que queda a discreción del Tribunal. Fue en R v Buffrey (14 Cr. App. R (S) 511) que el Tribunal detalló los porcentajes generales para determinadas declaraciones de culpabilidad anticipadas. Por ejemplo, un tercio por declararse culpable en la primera oportunidad. No hay garantía de que una declaración de culpabilidad anticipada dé lugar a una reducción específica de la pena, pero en la práctica suele ser así.