La Constitución de la libertad de 1986
Estas directrices complementan las Directrices del Fiscal General sobre la Ley de Infracciones de 2006 (Ley de Infracciones) para los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que proporcionan orientación a los organismos encargados de hacer cumplir la ley sobre la administración de sus responsabilidades en virtud de la Ley de Infracciones y otra legislación sobre multas (Directrices del Fiscal General para los organismos encargados de hacer cumplir la ley).
No cubren de forma exhaustiva el funcionamiento de las revisiones internas en virtud de la Ley de Infracciones, ni los regímenes administrados por el Director de Multas de Victoria (Director) en virtud de la Ley de Reforma de Multas de 2014 (Ley de Reforma de Multas). Estas cuestiones son objeto de directrices separadas. Estas directrices también están disponibles en el sitio web de Fines Victoria (enlace externo).
Estas directrices se elaboran en virtud del artículo 5 de la Ley de Infracciones y entran en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Las Directrices del Fiscal General para la Ley de Infracciones de 2006 publicadas en la Gaceta G26 el 29 de junio de 2006 quedan revocadas el día en que entran en vigor las presentes directrices.
Un delito de infracción es un delito que se hace cumplir mediante la emisión de una notificación de infracción. Los delitos de infracción se aplican en virtud de una amplia gama de legislación de Victoria, incluidas las leyes relativas a la seguridad vial, estacionamiento, y diversos regímenes reglamentarios.
¿Cómo se ratificó la Constitución de 1973?
¿Qué debo hacer si me ponen una multa? ¿Puedo impugnarla? ¿Es necesario identificar al conductor? A continuación le ofrecemos información relacionada con las sanciones de tráfico, como pagar las multas, identificar al conductor o suscribirse a las notificaciones por correo electrónico.
La Administración Pública debe notificarle en su domicilio las multas en un plazo máximo de tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las graves o muy graves. Si has recibido una notificación, puedes revisarla y realizar el pago de la misma. Recuerda que tienes 20 días naturales para pagar con un descuento del 50%.
Constitución filipina de 1973
Su Excelencia el Gobernador General en Consejo, por recomendación del Ministro de Vivienda y Diversidad e Inclusión, previa consulta con el Ministro de Finanzas, dicta el Reglamento de Prohibición de Compra de Inmuebles Residenciales por No Canadienses anexo, en virtud del artículo 8 de la Ley de Prohibición de Compra de Inmuebles Residenciales por No Canadienses nota a pie de página a.
3 (1) A los efectos de la parte de la definición de propiedad residencial que figura en el artículo 2 de la Ley antes del apartado (a), una propiedad situada en una zona de Canadá que no esté incluida ni en una aglomeración censal ni en un área metropolitana censal es un bien inmueble prescrito.
(2) A efectos del apartado (c) de la definición de inmueble residencial del artículo 2 de la Ley, un terreno que no contenga ninguna vivienda habitable, que esté zonificado para uso residencial o uso mixto, y que esté situado en una aglomeración censal o en un área metropolitana censal, es un bien inmueble o inmueble prescrito.
Libertad Constitución Forma de gobierno
El derecho a la protección de los datos personales es una categoría constitucional en virtud del artículo 37.1 de la Constitución de la República de Croacia (Gaceta Oficial 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) que garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos personales de cada individuo.
Toda persona que considere que se ha vulnerado alguno de sus derechos garantizados por la Ley de Protección de Datos Personales puede presentar una solicitud de constatación de vulneración de derechos ante la Agencia de Protección de Datos Personales.
El responsable del tratamiento nombra a un delegado de protección de datos que se encarga de garantizar que los datos personales se tratan de acuerdo con la ley y que se ejerce el derecho a la protección de datos personales.
Las funciones del delegado de protección de datos personales se establecen en el artículo 39 del Reglamento general de protección de datos y en el artículo 35 de la Ley de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento e intercambio de datos personales con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de delitos o de ejecución de sanciones penales.